Ya basta de andar colocando imágenes de la Virgen de Guadalupe en cada rincón para que la gente no ande tirando basura en la calle, por eso ahora se busca castigar hasta con 6 años de cárcel a todos aquellos que no mantengan limpia la vía pública.
Ya no solamente será una falta administrativa, ahora podría convertirse en un delito penal en la Ciudad de México. Así lo planteó la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, quien presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar esta conducta con penas que van de tres a seis años de prisión.
De acuerdo con la propuesta, cualquier persona que tire, deposite, abandone o descargue basura, residuos sólidos, escombros, sustancias contaminantes o desechos en vía pública, parques, jardines, camellones, plazas, cuerpos de agua, barrancas, áreas naturales protegidas, zonas escolares, hospitales, terrenos baldíos o inmuebles en estado de abandono, podría ser sancionada con cárcel y multas de 40 a 120 días de salario mínimo. Si el volumen de los residuos supera un metro cúbico, la pena aumentaría hasta en una mitad.
Castigos más severos a tiraderos
Además, la iniciativa de la legisladora contempla penas aún mayores —de seis a nueve años de prisión y multas de 200 a 500 días— para quienes promuevan, organicen, administren o consientan el establecimiento de tiraderos clandestinos sin la autorización de la autoridad competente.
Actualmente, explicó la morenista, tirar basura en la calle o mantener basureros ilegales suele sancionarse, en el mejor de los casos, con una multa económica que rara vez supera los mil pesos. "Esta multa no tiene efectos disuasivos ni corrige la conducta. Al contrario, genera un clima de normalización de la contaminación urbana", advirtió.
Daños sanitarios, ambientales y sociales
Mateos recalcó que los tiraderos ilegales y la basura abandonada en las calles no sólo deterioran el paisaje urbano, sino que además generan condiciones insalubres: proliferación de fauna nociva, obstrucción de drenajes con riesgo de inundaciones, malos olores, contaminación visual y exposición a agentes patógenos. “Esto impacta especialmente en las zonas más marginadas, donde se carece de infraestructura adecuada", afirmó.
Para la diputada, la propuesta tiene como objetivo enviar un mensaje firme de que el daño al espacio público y al medio ambiente no es tolerable ni negociable. “El cuidado del entorno no es únicamente tarea de las autoridades, sino también de quienes habitan y transitan la ciudad. No basta con reforzar las campañas educativas: la ley también debe sancionar a quien, con dolo o reincidencia, dañe el espacio común”, concluyó.
